JALISCO SIN JUSTICIA, NI ORDEN
Tuvo razón el gobernador Aristóteles Sandoval, al declarar a causa de un linchamiento ocurrido en el centro de Guadalajara: “estoy consciente del hartazgo que vive la gente, por supuesto que ya no soportan cuando se afecta su patrimonio, ver cuando algo sucede en la calle”(Milenio, 24/May/2017) ¿Y qué sucede en la calle? Asesinatos, extrema violencia, robos, asaltos, extorsiones, fraudes, despojos, etcétera, etcétera. Todos, o casi todos impunes.
El clima de violencia que impera en el Estado no es peor por la misericordia Divina, más no por la acción de la autoridad, que dicho sea de paso además de costar una fortuna, resulta casi ornamental. Cierto, se trata de una herencia venida del gobierno de Alberto Cárdenas, acrecentada con Ramírez Acuña y desbordada con Emilio González Márquez. El problema es que lejos de resolver esta crisis de violencia y criminalidad, el gobierno pretende resolver este y los demás problemas con declaraciones ante los medios.
El gobierno federal en un intento por revertir esta grave situación que no solo afecta a Jalisco, implementó el nuevo sistema penal que lejos de mejorar la paz social y la impartición de justicia, lo cierto es que solo le ha abonado a la impunidad a causa de su ineficacia (auxiliado por la corrupción de quienes deben de aplicarla, exhibiendo de paso la incapacidad de tantísimos funcionarios y empleados de la ahora llamada Fiscalía General del Estado.
No cabe duda que el peso y significado de las palabras marcan la mayor de las veces el rumbo. Cuando esta institución tan necesarísima para la paz y la estabilidad social se encontraba en la Calzada Independencia, sus enormes letras en la fachada «PROCURADURÍA DE JUSTICIA» alentaban la esperanza del ciudadano que subía aquellos peldaños de granito antes de ingresar; la certeza de que iba a ser atendido en su denuncia; que sus agravios serían resarcidos a través de la intervención de esta institución pública.
Hoy en día su heredera la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, ni ofrece justicia, ni tampoco la concede. El grado de impunidad a la que se ha llegado (más del 98 por ciento de los delitos que se cometen no llegan a sentencia) exhibe sin retoques el fracaso en este ámbito de los últimos cuatro gobiernos estatales, incluido por supuesto al actual.
¿De qué sirve tener dos enormes instalaciones con un mundo de personal en la FGE de la zona industrial, si la justicia no se imparte?Las filas de querellantes son atendidas más como parte de los deberes de un empleo, que con la convicción de conceder justicia al ciudadano agraviado, pues a final de cuentas la mayoría será archivada sin resultado alguno. Han olvidado que una de las prioridades del estado es atender los reclamos de justicia de la sociedad, fundamentales para el equilibrio social, el desarrollo económico, y la paz de los ciudadanos.
La nueva ley penal más parece haber sido redactada por los abogados de los cárteles, que por legisladores que representan y procuran la paz y el bienestar del pueblo que les concedió el voto. Una ley mal hecha, obsesionada por los derechos de los delincuentes y negligente casi en absoluto con víctimas y agraviados. Ni qué decir con su desorden en la redacción (una ley confusa que exhibe la mente de quienes la hicieron).
Por si no fuera suficiente adversidad, una burocracia pachorruda e indolente en las Agencias del Ministerio Público, inhibe al ciudadano en su necesidad de justicia, de tal manera que las estadísticas del delito bajan no porque haya resultados de la autoridad, sino que a causa de su inmovilidad se prefiere ya no denunciar ¿para qué, para traerle vuelta y vuelta sin resultado alguno?
Pueden pasar semanas o meses enteros y las averiguaciones donde mismo. Las pueden cambiar a otra oficina para aparentar que avanzan, pero solo en metros, no en su trámite procesal. El daño del ciudadano agraviado parece no importar en absoluto al estado, solo las elecciones y el presupuesto. La formación y concientización del servidor público en sus funciones parece ser cosa del pasado, pues ya ni siquiera les funciona el sentido común, son repelentes al dolor y el agravio del querellante. Pedir empatía para con su prójimo es experiencia desconocida del todo. Dios está ausente en los hechos (sabemos que en un gobierno laico así son las cosas) sin embargo las acciones reflejan principios y por los resultados, en la FGE solo se manejan estadísticas, no se atiende a personas reclamantes de justicia.
El uso de eufemismos es otra muestra de un sistema penal que pretende quedar bien con los criminales para desentenderse de los ciudadanos agraviados. Un ejemplo: para que el delincuente no se sienta mal ya no se llama averiguación, se nombra “carpeta de investigación”. Además, ya todos son “presuntos”, aunque los delitos que se les achaquen sean muchos, graves y evidentes. Fotos, ¡ni pensarlo! Pueden mentir hasta el infinito y en ningún momento serán molestados para que se conduzcan con verdad.
Se trata también de un asunto de dineros. Meter y mantener en la cárcel a los delincuentes cuesta y no poco, más que nada por la corrupción en el manejo de esos dineros (que son multimillonarios). Para darnos una idea, el gobierno federal gasto en 2014 más de $1,703 millones de pesos, mientras que el de Jalisco gastó $1,185 millones, cantidades que en el presente han sido superadas pero que se procura no se conozcan. ¡Mejor no los detenemos! Pensarán, así no gastamos ¿No sería sano que revisen que se hace con esos recursos y procurar su eficientización para bajar costos? El delincuente no está de vacaciones en la cárcel ¿O sí? (después de ver el video de Puente Grande pues parece que para algunos sí son vacaciones).
La justicia reclamada por el ciudadano está siendo negada, por eso es que no pocos consideran que el PRI no regresó al gobierno de Jalisco, si acaso la franquicia. Los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, así, con mayúscula, tuvieron mucho cuidado en poner orden y meter a la fauna criminal en cintura (hasta donde les fuera posible).
Hoy en día la mayoría de los funcionarios (sin distingo de partido)con la comparsa de los principales medios y una estela de ONG’S, con o sin intención, son en la práctica verdaderos defensores de los delincuentes. Un malentendido interés por los “derechos humanos” de los delincuentes ha relegado el derecho y reclamo de las víctimas al sótano de los trebejos, fomentando con ello la delincuencia y la impunidad.
Ciertamente hay hartazgo social, pero de esos hartazgos la historia nos muestra las consecuencias de no atenderse. Estamos a tiempo. Tenemos instituciones y recursos, se requiere por tanto de voluntad política y decisión para poner orden ¿O usted que considera estimado lector?
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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