PRESIDENTE: PROMOTOR DE IMPUNIDAD E INGOBERNABILIDAD

Hay asuntos en que los partidos políticos no tienen nada que ver, en que la visión de estado debe prevalecer por encima de cualquier preferencia personal. El presidente López Obrador en menos de un año en el poder se ha convertido en un promotor de la IMPUNIDAD y la INGOBERNABILIDAD, en un violador permanente del estado de derecho, cayendo de paso en diversos delitos y responsabilidades a causa de no cumplir ni hacer cumplir la ley. Su protesta al asumir el cargo fue en vano.

La gota que derramó el vaso de la impunidad ocurrió esta semana, en la que un grupo de delincuentes, que aunque estén matriculados en una Escuela Normal (Tenería) no dejan de ser delincuentes, se ROBARON 92 autobuses foráneos de pasaje, agregando a su delito otro mayor, el SECUESTRO de los 92 choferes. El pretexto es lo de menos, la comisión de los delitos es el punto.

El asombro de la inmensa mayoría de los mexicanos ante la pasividad y permisividad del presidente ante estos gravísimos delitos, así como otros recientes; valga recordar a los anarquistas en el 2 de octubre en la capital, los ataques y destrozos cometidos por los maistros de la CNTE, los miles de asesinatos cometidos a lo largo y ancho del país (entre una interminable y cotidiana lisa); exhiben a un titular del poder ejecutivo laxo, omiso, ornamental, promotor entusiasta del caos y enemigo declarado del orden republicano e institucional.

Su extraña manera de entender el ejercicio de gobierno le muestran incapacitado para ejercer el cargo, ¿cómo aceptar que a las Universidades públicas les niegue recursos; y a los delincuentes consumados como es el caso de los normalistas rurales, les tolere toda clase de delitos y no solo eso, sino que les conceda cuanta barbaridad le soliciten estos falsos maestros?

Pongamos las cosas en la necesaria dimensión de manera que se pueda entender la gravedad de los delitos cometidos por estos monstruos sociales. Los camiones robados, cada unidad cuesta nada menos que $ 6’189,856 pesos M.N. (seis millones ciento ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos), y hablamos de un camión marca Volvo, el más sencillo y con dos ejes, pues con tres ejes y más equipo el costo de las unidades aumenta considerablemente.

Si sumamos el costo de los 92 camiones robados nos da un total de ————- $ 569’466,752 pesos. Sí, leyó usted bien, el monto de lo robado es de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES, cantidad que no parece importar al presidente ni a las autoridades encargadas de perseguir delitos e impartir justicia en este país.

Agréguele a los delitos (los camiones no eran de una sola persona, por tanto los afectados son muchos) el SECUESTRO de los 92 choferes, y no puede, ni debe admitirse semejante IMPUNIDAD, en este caso, promovida, permitida y premiada por el gobierno federal, que aunque ha pretendido minimizar los hechos es imposible tapar el sol con un dedo, recordándoles al efecto lo que dice el Código Penal Federal al respecto:

– Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:

1.    De quince a cuarenta años de prisión y de quinientos a dos mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:

1.    Obtener rescate;

2.    Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, o .

3.    Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra.

4.    Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a este Código le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.

2.    De veinte a cuarenta años de prisión y de dos mil a cuatro mil días multa, si en la privación de la libertad a que se hace referencia en la fracción anterior concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

1.    Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario;

2.    Que el autor sea o haya sido integrante de alguna institución de seguridad pública, o se ostente como tal sin serlo;

3.    Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;

Queda claro que además de la impunidad, la austeridad republicana predicada por el presidente tabasqueño, es un asunto maniqueo, una deformidad moral producto de una personalidad totalmente irregular, que a lo malo dice bueno y a lo malo bueno, en la que el daño causado al otro, al ciudadano que no es de Morena pero que debería ser protegido por la ley, no importa. Que para los únicos que hay respuesta positiva e inmediata desde la presidencia es para los que le apoyaron y siente identificación de grupo, es decir, ayotzinapos, normalistas rurales, maistros vàndalos de la CNTE, grupos anarquistas, violentos y chantajistas. En una palabra, para todos aquellos que han vivido del chantaje social, de la presión, de la industria de las marchas y manifestaciones, para ellos el aprecio y respuesta inmediata.

En cambio para los ciudadanos que trabajan, que producen, que pagan impuestos, que permiten que este país se haya mantenido de pie (a pesar de gobernantes y políticos), para ellos ni siquiera la protección mínima de la ley a sus personas, bienes y patrimonios. Para ellos solo desprecio, ninguneo, ataques desde las conferencias mañaneras, reformas laborales y hacendarias draconianas, incluso de terrorismo fiscal (propias de regímenes totalitarios).

No es un asunto de derechas ni de izquierdas, ni de partidos políticos, es un asunto de simple sometimiento al orden legal establecido; legalidad que al presidente López Obrador parece no importar en absoluto (razón por la que muchos nos oponíamos a su persona). Y es que, al no aplicar la ley, México se hunde rápidamente en la ilegalidad y en la autocracia, en un país cuya democracia está ya gravemente atacada por este cáncer (autocracia), en una enfermedad que acaba con los países y cuyo primer síntoma maligno es la no aplicación de la ley. Es tiempo por tanto que las voces sociales en este país (universidades, empresarios, cámaras industriales y comerciales, medios de comunicación, escritores y artistas, agrupaciones y demás) hagan saber al presidente su desacuerdo ante su indiferencia para hacer valer el estado de derecho y le conminen de plano, a hacer valer la ley o a su renuncia. Punto.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

 

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