FEMINISTAS ¿VÍCTIMAS O VÁNDALAS?

En la vida hay que definirse, en la mayoría de las acciones o cosas trascendentes hay que hacerlo, resulta necesario. Al ofrecer matrimonio a una joven el varón tiene que estar decidido a casarse, considerar todo lo que esto conlleva. En otras palabras ¡pagar el precio! Querer un título profesional sin estudiar la carrera que se pretenda y exigirlo mediante cualquier tipo de violencia escudándose en un derecho no es otra cosa que un absurdo; un berrinche fuera de la niñez que no solo exhibe al que patalea, sino al que hace eco de su pataleo (cierta prensa, en el tema que nos ocupa).

Y es que, pretender un derecho, cualquiera que este sea, pero sin estar dispuesto a cumplir con los deberes que implica o conlleva tal derecho, no solo es ilegítimo, resulta irreclamable. En una sociedad civilizada y sometida al estado de derecho, nada es admisible fuera de la ley.

Entrando en el tema, a todos los ciudadanos —o al menos los que conservamos la cordura y el sometimiento voluntario al contrato social— nos duele e indigna cualquier daño que se le haga a las mujeres. Todos venimos del vientre de una mujer, a ellas les debemos vida, desvelos, años de dedicación, negación a su persona, educación, en una palabra ¡amor! Son origen y compañeras de destino en nuestro peregrinar terrenal.

Por eso, de unos años a la fecha, en que algunas bestias que aparentar ser seres humanos comenzaron a matarlas y golpearlas de manera despiadada, todos nos indignamos. Nos cuestionamos de inmediato qué estaba pasando, de dónde venían estas conductas criminales antaño no vistas, qué las estaba causando y porqué el estado no hacía nada al respecto. Legislar y declarar a los medios, pero sin actuar y poner orden, es demagogia e incapacidad. Punto.

Mes tras mes y año con año, la sociedad toda hemos sido testigos de como ha ido creciendo este fenómeno maligno; expresión realmente satánica de hienas con cuerpo de seres humanos. El problema es que también hemos sido testigos de autoridades que no han hecho gran cosa por detener estos crímenes ni las agresiones. Se han dedicado a declarar, a resolver de saliva esta desgracia que enluta hogares y daña a miles de familias año con año, creando agencias del ministerio público y algunas oficinas con este tema pero que en la realidad no son más que meras salidas burocráticas para aparentar estar haciendo algo.

Para desgracia de México llegó al poder la llamada 4-T y la situación empeoró, un remedo de gobierno integrado en buena medida por legiones de marchantes, manifestantes y paristas profesionales, impuestos al caos y al desmadre. Así que al tener en sus manos la responsabilidad legal y social de hacer valer la ley, la situación entró en crisis y el estado de derecho se pudrió del todo.

¿Cómo someter al orden legal a los delincuentes y hacer valer la autoridad, individuos que toda la vida retaron al gobierno y al estado de derecho? ¿Con mentes que reprueban la autoridad y la aplicación de la ley era de esperar la llegada del orden? Tanto el presidente López Obrador, como la presidenta municipal de la capital, Claudia Sheinbaum, han declarado repetidamente que “ellos no van a reprimir a nadie”, aunque en las calles anden hordas de vándalos destruyendo el costoso mobiliario urbano (pagado con el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos) así como negocios, bancos, hoteles y cuanto bien de particulares encuentren a su paso ¡Ah…, también saben prender fuego a negocios y personas, ni qué decir del saqueo a tiendas y comercios!

Estas autoridades ornamentales con cinismo declaran que ellos no van a reprimir a nadie. ¿Quién les dijo a estos improvisados que poner orden y hacer valer la ley y los derechos de terceros es reprimir? No hay ley alguna que permita o faculte a los ciudadanos destruir o robar bienes públicos o de particulares. En todo caso permitir que los vándalos hagan lo que deseen es incumplimiento de la ley, de esa ley que prometieron cumplir y hacer cumplir; lo cual conlleva responsabilidad.

     Han permitido la toma de casetas y robo a automovilistas en las autopistas, como también lo han hecho con los delincuentes dizque ‘normalistas’ que igual roban autobuses de pasaje, como camiones de reparto con todo y mercancías, culminando sus fechorías con el bloqueo de vías de trenes paralizando la economía nacional y ocasionando con sus delitos miles de millones de pesos en pérdidas.

La 4-T ha pretendido que este clima de violencia e ilegalidad se vea como ‘normal’, cuando lo cierto es que ni es normal ni es legal, y es tan solo una muestra de la permisividad oficial a todo tipo de delitos y delincuentes, que bajo la careta de supuestas luchas sociales, les PERMITEN DELINQUIR CON TODA IMPUNIDAD.

Resulta indignante y motivo de reclamo al gobierno el asesinato de una mujer en Cancún (como matan y desaparecen casi todos los días en todo el país sin que el gobierno haga nada), tenían y tienen todo el derecho a manifestarse y exigir al estado la detención de los culpables y su proceso penal. En una palabra: que se haga justicia.

Lo que sí no tienen ni tendrán nunca, es derecho a ejercer violencia pública y destrucción de bienes muebles e inmuebles. Ver a grupos de mujeres que actúan como endemoniadas pintarrajear y vandalizar edificios y bienes públicos (construidos y sostenidos con los dineros de todos los mexicanos) utilizando bombas molotov, explosivos artesanales y encendedores a manera de sopletes, además de ser delitos, resultan repugnantes y condenables. No se puede vencer el mal con el mal.

Y así como estas hordas de anarquistas dejaron su estela de destrucción, igual ya se habían visto en la ciudad de México en hechos recientes (recordar la toma de la oficina de Derechos Humanos). Su vestimenta a manera de uniforme (negro), cargar mochilas con piedras y martillos para destruir bienes públicos y de particulares —los cuales desde el campo legal se convierten en armas— permite ver que en realidad no se trata de un reclamo de justicia. Mas bien de una expresión política para ocasionar daños, lo que obliga a la investigación de quién se encuentra detrás de estos grupos, a los que el gobierno de López Obrador no los toca ni con el pétalo de una rosa. La ley es dura, pero es la ley.

El artículo 9º constitucional señala con claridad cómo se debe hacer valer este derecho: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.

La prensa que apoya estas expresiones violentas de manifestarse de alguna manera se convierte en cómplice y lo que menos necesita México es más violencia de la que ya padece. Lo que necesitamos es retornar al estado de derecho y el gobierno tiene la obligación y el deber de advertir a féminas vándalas, a roba casetas, a maistros de la CNTE, a dizque ‘normalistas’, a los roba trenes y bloquea vías de Ferrocarril y cuanto delincuente ya se acostumbró a robar y dañar, que la impunidad se ha acabado. Que por encima de los votos que le hayan dado a la 4-T está el imperio de la ley y el futuro de todos los mexicanos. No es un asunto de ideologías, es de legalidad y orden constitucional. Punto.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

 

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