ACAPULCO BAJO CONTROL DE LA DELINCUENCIA
Un dicho muy de los Altos de Jalisco que con frecuencia utilizo en esta columna, recoge de la sabiduría popular la siguiente advertencia:“para que muerda lo mismo da que sea perro que perra”. Una situación de este tipo están padeciendo los acapulqueños, sociedad que por varios trienios y cuando menos un par de sexenios ha padecido una plaga de bandoleros de la peor ralea, capaces de cortar cabezas, secuestrar, asesinar, extorsionar y cuanta maldad sea posible aterrorizando a esa sociedad del todo indefensa: abandonada a su suerte por gobiernos no menos bandoleros como inútiles para hacer valer la ley (en un sitio paradisiaco que vive del turismo).
Angel Aguirre, el ex gobernador depuesto por su pésima gestión, su nepotismo y trafiques sin fin (multimillonarios) así como por el asunto de los chamacos de Ayotzinapa asesinados en Iguala, siguió la ruta de su antecesor Torreblanca Galindo: pareja de titulares del Poder Ejecutivo dedicada a los negocios personales pero de ninguna manera a gobernar, que dicho sea de paso, es ejercicio propio de quienes poseen vocación de servicio, de grandeza: llamado y virtud ajenos por supuesto a este par, pues se trata de individuos ególatras deseosos de ser servidos (y de paso enriquecidos hasta el infinito). Hombres para los que el pueblo es nada, mero pretexto para allegarse el cofre de los dineros públicos, corrompiendo a los congresos locales cuya presencia y nada es lo mismo. Mera escenografía construida en una democracia corrompida hasta la metástasis, de lo contrario la situación fuera otra.
Y como es sabido el mal ejemplo cunde, de hecho siempre y con mayor efectividad que el bueno, de esta manera no se puede entender el cinismo de la mafia de regidores que integran el Ayuntamiento de la ciudad de Acapulco, que no obstante y apercibidos de que la opinión pública nacional conoce el caso lo cierto es que les ha importado un comino.
Esta banda de forajidos (no se les puede nombrar de otra manera) se han asignado como “bono” de fin de trienio, nada menos que $ 1’500,000.00 pesos (leyó usted bien UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS) para cada uno de estos facinerosos, exigiendo además su “caja de ahorro”. Por si no resultara suficiente su asalto al erario, lo han planeado a sabiendas que el municipio se encuentra en quiebra, lo cual agrava su ilícito.
El solo enterarse de semejante latrocinio causa irritación e impotencia. No es posible que mientras que decenas de millones de mexicanos sufren cotidianamente para salir adelante y cerca del 70 por ciento de los causantes fiscales luchan para sobrevivir con sus negocios, para pagar licencias, impuestos, pagos, derechos y demás formas mediante las cuales el estado en sus diversas instancias, dependencias e instituciones (IMSS, etcétera) les exige un gran porcentaje para cumplir con su función en el contrato social; estos bribones (simples regidores municipales) pretendan –además de que es ilícito- cantidades exorbitantes como si se tratara de un negocio personal (de hecho en eso han convertido el servicio público).
¿Por qué no expresaron sus pretensiones a los votantes hace tres años, porqué actuaron con una máscara y no les dijeron que eran simples bucaneros insaciables de riquezas ajenas? ¿Por qué no dijeron en sus campanas que se asignarían abultadísimos sueldos y prestaciones y al final se llevarían un bono de millón y medio de pesos cada uno? Es obvio que los únicos votos obtenidos serian los de ellos, sus familias y sus compinches.
¿Los congresos y las autoridades electorales no pueden tomar cartas en el asunto y comprometer en el futuro a los pretendientes a cargos públicos a someterse a sueldos y prestaciones ya asignadas? El hastío social contra sus autoridades sube de tono en la medida que nadie se hace responsable de poner orden. Todo mundo se lava las manos y nadie es competente y los competentes nunca dicen “esta boca es mía”.
¿Y el inútil gobernador sustituto Rogelio Ortega? Que dizque de izquierda y guerrillero (en teoría, claro, las balas matan), sin embargo su tibieza e incapacidad al frente del Poder Ejecutivo de Guerrero han echado por tierra su retorica falaz, su discurso hueco e inútil. En la cátedra se pueden decir, criticar y argumentar muchas cosas lucidoras, pero ponerlas por obra en el ejercicio del poder público es otra cosa.
No podemos admitir como sociedad que este tipo de saqueos continúen. Si la prensa engolosinada en su propio poder y utilizando dicho poder para sus propios fines y en temas carentes de relevancia, la sociedad debe buscar las vías legales y lícitas para hacer oír su voz ante el estado. El caso de Acapulco es una llaga mas en el cuerpo corrupto y pestilente de la clase política gobernante. Una advertencia que clama de inmediato por salud.
El respeto y reconocimiento para aquellos funcionarios que cumpliendo fiel eficazmente con sus deberes son lastimados por la indignación social que campea a nivel nacional, aunque quizá sea tiempo también de que ellos hagan valer su voz desde sus trincheras y juntos trabajemos por un México nuevo, sin holgazanes y bribones que vivan del presupuesto sin cumplir nunca con sus deberes y hundir día con día al país ¿No lo cree usted estimado lector?
¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!
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