Opinión

Las acciones y omisiones del actual gobierno federal expresan abiertamente su repudio a la voluntad de los mexicanos, a la impartición de justicia y al orden legal. Tanto López Obrador como muchos otros en su gobierno se exhiben sin recato ni respeto alguno ante los ciudadanos, de manera que la Constitución y leyes que de ella emanan son violadas por ellos un día sí y otro también, violaciones que se acumulan a través de su oposición a hacer valer la ley, acrecentando con su omisión la delincuencia, el derramamiento de sangre, y la angustia del verdadero pueblo (que no es de manera alguna los incondicionales de AMLO, muchos de los cuales se han convertido de facto en cómplices de la ilegalidad oficial y en pretexto para no cumplir con sus deberes).

Las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, secretaria de gobernación (cargo para el que parece no tener la menor idea de cómo desempeñarlo) vertidas esta semana, son doblemente terribles por su contenido. En primer orden su desatino en declarar como asunto o tema de estado la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, cuando este funcionario en su momento lo que hizo fue cumplir con su función de iniciar, indagar los hechos, y formar la averiguación previa —considerándose sus limitantes personales, de tiempo, de lugar y de sujetos involucrados—. Textualmente dijo: Este es un tema del Estado mexicano, no es un tema del Gobierno de la República, no es un tema del poder judicial, no es un tema de la Fiscalía, no es un tema del gobierno del estado de Guerrero, del municipio de Iguala, no. Este es un tema de Estado, en donde el estado mexicano tiene que dar una respuesta a los padres de estos 43 jóvenes desaparecidos”.

Lo anterior es verdaderamente grave por cuanto concede prioridad a una venganza de AMLO (y sus compromisos con los padres de los 43 chamacos asesinados por las bandas criminales de Guerrero, sin y con uniforme, así como con los maistros vándalos de las normales rurales) antes que procurar la verdadera impartición de justicia. En segundo lugar, se deduce que de nada le sirvió su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de donde recibe mensualmente una pensión de $ 229,000 pesos cada mes). Ya que plegarse a los deseos personales del jefe por encima de la ley y la justicia, le hace partícipe de la dictadura que comenzamos a padecer.

De hecho, lo que está haciendo el actual régimen (al que le gusta auto nombrarse 4-T) es impartir una extraña justicia, una justicia al revés, pues en este caso pretenden detener y extraditar de Canadá al policía que investigó y detuvo a la mayoría de los asesinos (para consignarlo por haber cumplido por su deber), y librar de la cárcel a los asesinos de los chamacos. Todo con la intención de modificar los hechos, de presentar como víctimas a jóvenes que andaban delinquiendo a bordo de varios y costosos autobuses robados. Guste o no, andaban de vándalos, andaban delinquiendo. Qué pena que los mataron, pero andaban fuera de la ley. Punto.

El problema, y grave en gran manera, es que el actual régimen hace caso omiso de la ley y ejecuta sus acciones a contentillo de sus seguidores, al igual que cumpliendo compromisos de campaña con aquellos que les apoyaron. No se debe olvidar que el presidente, y lo digo con dolor y responsabilidad civil (desde esta columna se ha dicho por años), nunca ha trabajado en nada y el oficio de ‘prócer’ no aparece en la Ley Federal del Trabajo. ¿Puede acaso demostrar cómo hizo para sostenerse él y su familia para andar en campaña durante doce largos años por todo el país, lo cual cuesta millonadas? ¿De qué vivió y cómo hizo para mantener las huestes de seguidores que le acompañaban?

En este contexto de contradicciones, incongruencias y falacias, la declaración de Olga Sánchez Cordero de considerar por el gobierno de López Obrador como ‘ASUNTO DE ESTADO’ la muerte de los 43 ayotzinapos (no la desaparición), —pues todos los mexicanos estamos enterados que los asesinaron— es una bofetada contra decenas de miles de mexicanos a quienes han asesinado a sus familiares, así como a los que se los han desaparecido. Además de ser un dislate jurídico inadmisible en una funcionaria con el historial de ella. No se puede admitir desde punto de vista alguno que valgan más 43 jóvenes que andaban de vándalos delinquiendo, a 53,628 mil ciudadanos que fueron asesinados en los primeros 18 meses del actual gobierno, sin que se haya detenido, consignado y juzgado a los asesinos. La impunidad es el sello de la casa. Ni qué decir de la ofensa también para los familiares de secuestrados, para los asaltados, extorsionados, víctimas de cobro de piso, robos de todo tipo, y un largo etcétera.

Y como ya se dijo en el párrafo anterior, durante el gobierno de AMLO han desaparecido 27,871 personas, y se han asesinado otras 53,628 (Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1/Jul/2020). Para los familiares de todos ellos silencio e indiferencia total, nulo acceso a la justicia dejando impunes a los criminales. En cambio, para los familiares de los chamacos de Ayotzinapa (que andaban de vándalos delinquiendo), todo el apoyo. Apoyo a tal grado que apenas regresó de Estados Unidos, el presidente recibió en Palacio Nacional a los padres de los chamacos asesinados.

Cada vez es más claro que la silla presidencial le queda demasiado alta a López Obrador. Pretender incriminar falsamente al gobierno de Peña Nieto por el asesinato de los 43 —a sabiendas de lo que realmente sucedió— desnuda de cuerpo entero al presidente y a sus impartidores de ‘justicia’. Es del dominio público que corrupción y funcionarios corruptos en el sexenio anterior los hubo en abundancia, pero de eso, a quererles endilgar el asesinato de los chamacos carece de calificativo ¿No hay en la FGR ni el Poder Judicial Federal un solo juzgador con integridad y sentido de justicia que haga valer la ley y el estado de derecho, que castigue a los culpables, punto?

Declarar los crímenes de los ayotzinapos como ASUNTO DE ESTADO, como si se tratara de hombres de bien pretendiendo convertirles en héroes y mártires cuando no lo son ni lo serán jamás; y menospreciar y desatender absolutamente a las decenas de miles de ciudadanos agraviados por los asesinatos de sus parientes, al igual que por sus desaparecidos, convierte al actual régimen en un ente injusto y reprobable. Propio de dictadores de la peor ralea. De individuos insensibles al dolor y angustias de los ciudadanos a quienes se les ve como simples votantes para hacerse y mantenerse en el poder. Nada más. De hombres y mujeres con un deseo enfermizo y malsano de poder, capaces de cometer cualquier ilegalidad, pasando por alto que lo que están haciendo es contra México, contra la justicia, y contra el orden legal.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

 

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Cada vez es más clara la conducta anti legal del presidente, ‘fuera máscaras’ ha dicho él mismo, quizá le estorbaba la que traía puesta ¿Cómo aceptar que siendo presidente de la República, que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes que de ella emanan, en la práctica esto no ocurra? Al contario, apoya y estimula a los que delinquen, promoviendo el caos, la ilegalidad y consolidando la impunidad. Veamos algunos casos por demás conocidos.

Los normalistas tapando las vías e impidiendo el paso de los trenes de carga, ocasionando con su bloqueo daños multimillonarios a la producción y a las empresas, hechos que resultan doblemente criminales en un país con tantas necesidades como México. Pero no están solos, otros de sus compañeros les ayudan en sus fechorías, secuestrando choferes y costosos autobuses de pasaje, quedando unos y otros en absoluta y total IMPUNIDAD. Es decir, Andrés Manuel López Obrador ni pierde su sonrisa sardónica que exhibe todas las mañanas, como tampoco hace uso de la Ley para poner orden a estas bandas de delincuentes. Sí, son delincuentes. Ninguna causa es válida y legítima cuando se viola el estado derecho, pues no podemos olvidar que el artículo 9º constitucional marca las pautas para las reuniones públicas (marchas, manifestaciones, mítines).

El robo de trenes es otro cáncer que tampoco le merece atención. Rutas como la Veracruz-Puebla y algunas otras, son continuamente asaltadas por bandas de delincuentes, que habiéndole tomado la medida al gobierno, mejor dicho, percibiendo su apoyo poco discreto ¡Yo no voy a reprimir, asegura el presidente! (tratando de hacer creer que imponer el estado de derecho es “reprimir”); utilizan a mujeres y niños para aparentar robos de ‘necesidad’ cuando son meras tretas de pueblos absolutamente corrompidos para evitar que se les someta al orden y se impidan sus graves y cuantiosos delitos.

   El robo de gasolinas y gas son otra muestra más. A nadie se detiene y los daños a Pemex se acumulan, que dicho sea de paso, además de encontrarse en quiebra, AMLO le ha convertido en un barril sin fondo, en causa de gran pobreza para México al cobijo de un nacionalismo falso y trasnochado. Delito y actitudes gubernamentales que están dañando terriblemente el destino de México sin que nadie pague ni por los robos, ni por los derroches y malas decisiones públicas.

   Su confesión pública de haber ordenado soltar a Ovidio Guzmán (hijo del multicriminal “el chapo”) cuando ya estaba detenido, le convierte ante la ley en reo de responsabilidades, ya que además de no tener semejante facultad, violó el orden legal, abonó a la impunidad y al engreimiento de la cada vez mayor fauna criminal. De hecho, las abundantes bandas delincuenciales no solo son intocables, sino que algunas de ellas retan al estado y hacen saber quien está al mando.

En el asalto al Palacio de Gobierno de Jalisco realizado por una turba de vándalos (perfectamente organizados y entre la que se encontraban algunos funcionarios del gobierno federal y gente de Morena), se dañó este edificio histórico que llevará meses o más de un año en reparar y con un costo millonario de pesos. Todos con cargo al erario. No hay detenidos, todos son intocables y sus delitos impunes. Una bofetada al estado de derecho.

A tal grado llegó la canalla enviada a dañar el hermoso Palacio de Jalisco y a promover el caos contra nuestro Estado, que uno de los vándalos en un acto de ruindad y cobardía derramó por (y en) la espalda de un policía de motocicleta líquido inflamable y luego le prendió fuego. También impune este malvado. Con videos y fotografías del hecho y no lo han detenido, ni a él, ni a nadie. El sello del actual gobierno: ¡Impunidad y afecto para los que delinquen!

En la serie de actos de anarquía y rapiña sucedidos días después en la ciudad de México en ningún momento los policías intervinieron, peor aún, la presidenta municipal (Claudia Sheinbaum) llamada pomposamente “jefa de gobierno” se atrevió a declarar –a confesión de parte relevo de pruebas- que “¡no cayeron en provocaciones!”. Es decir, además de evadir su deber de hacer cumplir la ley, hizo gala de su incumplimiento y de su apoyo a los que delinquieron. No es posible que se admita tanto cinismo, que la sociedad y los medios guarden silencio. Porque no es un asunto de partidos. Es un asunto de legalidad, deberes y preservación del estado.

Ante semejantes actos de amistad y afectos para con los que delinquen y de repudio manifiesto al estado de derecho, queda en claro que para el actual presidente la máscara de demócrata, de cristiano, de legalidad y de observante de la ley le estorbaba. Que la CARTILLA MORAL escrita hace muchas décadas por el ilustre mexicano Don Alfonso Reyes NUNCA LA HA LEÍDO, que su promoción para tal documento moral le exhibe como falaz e incongruente.

Ya hablaremos en otra ocasión acerca de esta cartilla, pero tomando en cuenta el tema del presente artículo, reproduzco un fragmento de lo escrito por este brillante hombre de letras al referirse al respeto al trabajo y bienes del otro: -“Las buenas obras del hombre deben ser objeto de respeto para todos los hombres. Romper un vidrio por el gusto de romperlo, destrozar un jardín, pintarrajear las paredes, quitarle un tornillo a una máquina, todos éstos son actos verdaderamente inmorales. Descubren, en quien los hace, un fondo de animalidad, de inconsciencia que lo hace retrogradar hasta el mono. Descubren en él una falta de imaginación que le impide recordar todo el esfuerzo acumulado detrás de cada obra humana” (Cartilla Moral, Lección X).

Así que tomando las palabras de Don Alfonso, los vándalos y delincuentes protegidos por el gobierno de AMLO son verdaderamente inmorales, con un fondo de animalidad, inconscientes, retrógradas hasta llegar a lo simiesco, incapaces de respetar y valorar el esfuerzo de las obras y bienes de otros.

Para rematar el cuadro, López Obrador declaró en días recientes su apoyo al sindicato y al líder del proscrito sindicato de electricistas (SME), Martín Esparza, comprometiéndose a ayudarlos: “Ese sindicato fue ejemplar durante décadas, podría decir que el sindicato más democrático de México” (Mural, 3/Jul/2020), declaración que reafirma lo dicho en este artículo. Sobre todo si se recuerda que en el año 2000, se conoció una entrevista radiofónica que entre otras cosas se dijo y posteriormente se publicó: -“El ex tesorero del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Alejandro Muñoz Reséndiz, dijo que Martín Esparza entregó dos millones de pesos mensuales -al menos 66 millones de pesos en total- a Andrés Manuel López Obrador de 2006 a 2012… Dicho monto, según presume Muñoz, era destinado para financiar el plantón en Reforma y para un presunto movimiento de apoyo a Obrador. Las entregas de dinero, de acuerdo al extesorero, eran de forma mensual, en efectivo, maletines y el lugar de entrega era el restaurante El Círculo del Sureste” (El Economista, 27/Jun/2012).

El lector sin duda que tendrá sus propias conclusiones, pero desde el terreno de la legalidad, queda claro que el presidente y muchos otros funcionarios de Morena son amigos de los que delinquen y enemigos de los buenos ciudadanos.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

 

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El malsano y obsesivo deseo de López Obrador de ser presidente de México lo estamos pagando demasiado caro. No es un asunto de ideologías, pues ni siquiera tiene una sola, sino una mezcla que a final de cuentas apenas le presenta como un simple dictador. Para agravar el caso su gabinete está plagado de funcionarios con ideologías mal entendidas, peor digeridas y con resentimientos sociales no vistos desde la época de la revolución.

Individuos que detestan a los que ellos consideran ‘ricos’ o conservadores, aunque ellos mismos superen en ingresos y patrimonio a la mayoría (y a muchos de los ‘conservadores’ que detestan). La lista es larga, basta recordar algunos: Irma Eréndira Sandoval, su marido, John Ackerman (ciudadano norteamericano, Filadelfia 1973), Manuel Bartlett, Olga Sánchez Cordero, Zoé Robledo, Javier Jiménez Espriú,  Marcelo Ebrard y un largo etcétera.

De hecho, para la mayoría de los mexicanosgran parte del gabinete federal está conformado por burgueses o ‘fifís’; utilizando el calificativo que utiliza el presidente. Hasta en eso son incongruentes. Su actitud me recuerda una histórica caricatura de Rius del siglo pasado aparecida en una simpática revista de sátira política titulada “La Garrapata” (1970). Era tiempo de elecciones presidenciales y en la portada aparecía Luis Echeverría —entonces candidato a la presidencia— vestido de boxeador y en un ring. En la otra esquina aparece el otro boxeador (con el nombre de pueblo en el calzoncillo) recibiendo instrucciones de su manager, quien le dice al oído “¡Ten cuidado con este, porque hace fintas con la izquierda pero con la que pega duro es con la derecha!”

El problema, y grave, es que la mayoría de integrantes del gabinete lopezobradorista no son de izquierda. Además de ser resentidos sociales, no pocos eran simples agitadores. En síntesis, su malformación moral y educativa les impide construir pues solo saben destruir, y en el año siete meses que llevan en el poder solo ha sido destruir y destruir. No construir.

Los logros del presidente solo son de saliva y en su imaginación. Carente de autocrítica ha carecido también de voces que le conminen y logren llevarle a la reflexión y la rectificación.

Si AMLO quisiera entender su fracaso en la presidencia (a pesar de haber recibido tantos votos de ciudadanos que creyeron ingenuamente en su discurso) tendría que ubicarse en la CANCELACIÓN DEL AEROPUERTO DE TEXCOCO pues ese día marcó para siempre su destino y el de su fallido gobierno. Su posición terca y para decirlo con claridad, necia, producto de la soberbia, le ha impedido entender la compleja problemática de la conducción del país. Pretender tomar todas las riendas del poder en su persona le ha alejado de la democracia y le ha fijado en la autocracia.

Y no son ofensas —como las entiende el presidente—, es la ayuda que le ofrece la crítica periodística. Así ha sido siempre en la historia y en todos los países donde hay democracia. Es el espejo que refleja muchas ocasiones un rostro que no se quiere ver. Octavo Paz lo dijo con precisión: — “Hay que trazar un puente entre la realidad real y las instituciones, que son la realidad legal. Ese puente se llama, en términos intelectuales, crítica moral e histórica; en términos políticos, democracia” (Sueño en Libertad, págs. 406-407).

El presidente tabasqueño deberá entender y aceptar que hasta este momento su gobierno ha sido un perfecto desastre. Negarlo es hundirse más, pero sobre todo hundir a México al que dice tanto amar. Debe entender también que no es el único mexicano que ama a México ni tampoco es el único que detesta la corrupción. La mayoría de los ciudadanos estamos en esa posición, el problema es que él se considera absurdamente el único. Cree que si no se le sigue a ciegas a él se es ‘adversario’, ‘conservador’, ‘fifí’, o cualquiera de su repertorio de ofensas que suele utilizar. Las Sagradas Escrituras le ofrecen la medicina, ya que el presidente falsamente se dijo cristiano para ganar la elección (carece sin embargo de testimonio que avale su dicho): “¡El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los acepta y aparta alcanzará misericordia” (Prov 28:13). De él depende reconocer y rectificar. De nadie más.

En tan corto tiempo, que ha parecido una eternidad, el país se ha ido hundiendo en todos los sentidos. Las pérdidas en la Comisión Federal de Electricidad publicadas esta semana son de horror: $121,799 millones de pesos de enero a marzo de este año (2020). Claro, los super sueldos y mega prestaciones de funcionarios, empleados y obreros de CFE, Pemex y demás, son de ricos, de fifís).

Las pérdidas de Pemex están peor. Así como su ineficiente hermana (CFE) en el primer trimestre de este año (2020), Petróleos Mexicanos ha perdido la astronómica cantidad de $ 562,250 millones de pesos (más de medio billón). Un poco más de su presupuesto para este año que es de $ 523,400 millones de pesos (Forbes, México, 30/Abril/2020). En un país con tantas necesidades es un crimen de lesa humanidad. Con menos del diez por ciento de esa cifra le hubieran hecho las pruebas de coronavirus a varios millones de mexicanos y los resultados en salud serían otros. En cualquier otra nación el Congreso ya hubiera llamado a cuentas y puesto orden. Aquí no, están ocupados en los asuntos internos de Morena y en preparar las elecciones del 2021.

Lejos de enmendar el presidente su conducta ilegal e injusta,  se ha aliado al belicoso sindicato del SME, que ya no existe, pero que son sus amigos. Amistad ratificada esta semana, con tal insolencia, que Martín Esparza, líder de dicha organización, pidió a AMLO que condone los adeudos de electricidad a los moradores de tres municipios poblanos que desde el año 2009 no pagan y el adeudo es ya por $ 407 millones de pesos (así como les condonó a sus paisanos de Tabasco que por dos décadas no pagaron luz). Es decir: para los que no producen nada más que problemas (y delitos) toda la ayuda; y para los que sostienen al país de pie y dan de comer a todos, todo el peso de la ley.

¿Cómo entender y aceptar que para los mexicanos que trabajan y viven en el estado de derecho les suben las tarifas de la CFE y si no lo hacen dentro del plazo les cortan el servicio, mientras que para los belicosos y morosos, nada de cortes de servicio ni nada de cobros? ¿Esos son para los enemigos, para los tontos que viven en la legalidad?

Ni qué decir de la seguridad. Tal parece que el único mexicano seguro es el presidente, que despreció la casa oficial de Los Pinos, para irse a vivir nada menos que a un palacio, no cualquier palacio, sino al magnífico e imponente Palacio Nacional (y eso que se dice austero ¿qué tal que se considerara de alcurnia?). En casi todo el país la sangre corre por las calles en abundancia. Un centenar de mexicanos son asesinados todos los días, TODOS IMPUNES, otros secuestrados, extorsionados de diversas formas entre otras el ‘cobro de piso’ (lo que hace que el ciudadano pague doble o triple tributación sin que ni unos ni otros le concedan protección alguna y solo lo hagan objeto de su exacción), robados en sus casas, autos, negocios, asaltados, etcétera.

     El presidente debe reflexionar que la riqueza para los que menos tienen en este país, por los cuáles el asegura luchar, solo vendrá produciéndola a través del trabajo y el esfuerzo de todos los mexicanos. DE TODOS, INCLUYENDO A SU GABINETE, A LOS MAISTROS DE LA CNTE, LOS SINDICATOS PRIVILEGIADOS (Pemex, CFE, etcétera). Pero jamás atacando a quienes mantienen de pie (y comiendo) al país, es decir, a micro, pequeño, mediano y grandes empresarios.

Atacarlos como sucede casi a diario desde las conferencias mañaneras, a través de medidas fiscales draconianas, por inspectores con perfil de inquisidores, congelando cuentas para recuperar créditos del IMSS y otras dependencias (a los que no se les paga simplemente porque no hay dinero, no por morosidad) solo continuará el retroceso y abonando al caos. Queda muy corto tiempo para rectificar señor presidente. Si realmente ama a México, hágalo, acepte sus yerros y gobierne para todos, deje de dividir, pues como lo advierte la Biblia “el que no ama es que no ha conocido a Dios, porque Dios es amor”.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

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El pésimo gobierno de López Obrador ha servido de distractor para que muchos gobiernos estatales y municipales, oculten o no sean analizados sus graves yerros y disparates. Es el caso del Congreso de Jalisco, que dicho sea de paso, en lo que corre del siglo XXI no ha habido un solo trienio de legisladores comprometidos con el pueblo (no el pueblo ‘bueno’ del tipo de AMLO, que en ese caso se identifica únicamente con seguidores). No, nos referimos a todo el pueblo, TODO.

Los jaliscienses estamos ayunos desde hace poco más de dos décadas de legisladores de verdad. Apenas hemos visto legiones de derrochadores e incapaces que ante su desconocimiento de las leyes (de cómo se hacen, se redactan, modifican y crean) y de los temas a legislar, llegan con una cauda de parásitos eufemísticamente llamados ‘asesores’, claro, todos a cargo del erario supuestamente para representar a pueblo. En verdad, tenemos muchos años de no estar representados.

   Quizá sirva de algo recordarlo, pero hasta el primer lustro de los años noventa, los legisladores no tenían asesores en la nómina, si requerían de asesoría profesional, la Universidad pública y altos funcionarios públicos expertos en la materia requerida les asesoraban. No cobraban por ello, era una manera de devolver al pueblo la educación gratuita que habían recibido. Servir al pueblo no debe ser visto como negocio. El problema es que las nuevas cepas de políticos parecen todos incubados en el mismo laboratorio. Todos con su corona de ínfulas, con el virus de la arrogancia, y la indiferencia absoluta por las necesidades reales de ese pueblo que aseguran representar.

En plena epidemia de coronavirus los legisladores locales ¿será justo llamar legisladores a personas de tan pobre formación política y casi nula visión social, interesadas solamente en la dieta y demás percepciones, así como en un juego de poder absurdo e indolente ante las enormes carencias y necesidades sociales?, lanzaron una extraña e inoportuna convocatoria para elegir consejeros de la judicatura.

Extraña porque el momento que se vive no era el adecuado, más si se toma en cuenta que el poder judicial tiene meses sin trabajar (a causa de la pandemia); decisión que se agrava cuando a su cadena de absurdos e irregularidades, se suma que a la elección y luego de un show mediático del que dieron cuenta medios impresos, radiofónicos y televisoras, finalmente son elegidas tres personas, que además de no pasar el examen (se dijo que nomás una mujer lo aprobó) son elegidas y se les tomó protesta de madrugada. Normalmente casi no trabajan, ¿era necesario hacer ese show de madrugada?

    Así que entre tanta irregularidad y condenables acciones la pregunta obligada es ¿Y PARA QUE QUEREMOS CONSEJO DE LA JUDICATURA? La verdad, y lo digo con conocimiento de causa y con antecedentes de tiempo e historia, lo cierto es que no se necesita tan oneroso organismo. Antes no existía y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco funcionaba mucho, pero mucho mejor que en la actualidad. Recuerdo en los años setenta, el presidente del STJ era el Lic. Salvador García Rodríguez, un hombre inteligente, sabio, probo, maestro de derecho mercantil en la Facultad de Derecho (U. de G.). En la mañana cumplía con fidelidad su valioso trabajo de impartir y vigilar la impartición de justicia. Por las tardes, quizá para tener un mejor ingreso, era director de una primaria que se encuentra por la calle Reforma, frente al jardín del nombre de esa calle. Su auto era un modesto Dodge 1966. Nunca fui su amigo ni mucho menos. Fui su alumno y me impactaba su vida y ejemplo.

En esas épocas el litigante que tenía una queja contra algún juzgador, bastaba con que fuera con el magistrado que le tocaba (todos los jueces estaban bajo la tutela de algún magistrado y los magistrados bajo el presidente del Tribunal). Las cosas marchaban bien y la justicia se impartía muy aceptablemente. De hecho en tiempos muy cortos (comparado con lo tardado de los juicios en la actualidad) y sin el derroche que representa el costosísimo Consejo de la Judicatura.

El otro tema que nos ocupa, aunque también relacionado con nuestros diputados, es que los panistas presentaron un proyecto para reducir a un mes las campañas políticas. Cosas de la vida y del destino, en esta columna se les viene señalando y pidiendo a los diversos congresos, desde hace veinte años (desde que Vicente Fox corrompió los tiempos de campaña) que las reduzcan. Petición repudiada e ignorada por los panistas, que dicho sea de paso son los que corrompieron los tiempos electorales (creando las ‘precampañas’ y la llamada ‘guerra sucia’).

Entre otros muchos, pero muchos argumentos se les ha dicho en esta columna, que para lo que ofrecen, para lo que dicen, y para la calidad y capacidad de los aspirantes a diputados (y demás cargos públicos), lo cierto es que CON UNA SEMANA ES MÁS QUE SUFICIENTE. Darles más tiempo y recursos además de ser dinero público tirado a la basura, es una especie de masoquismo y un gran daño social.

Hace 20 años se decía ya desde este espacio: “Los sueldos y prestaciones de los diputados locales, han convertido estos cargos en atractiva oferta para legiones de bucaneros que ahora se encuentran al acecho en espera de una oportunidad. Téngalo por seguro que varios de los legisladores actuales sufrirían para ganar siquiera una décima parte de sus ingresos si se tuviesen que desempeñar dentro de la sociedad en base a sus capacidades” (Análisis y Propuesta, Diario El Informador, 15/Ene/2000).

Al termino del foxiato se continuó señalando este cáncer: “La pantomima democrática que vive el país se puede resumir en unos cuantos puntos: el negocio de los partidos políticos, la ambición y negocio de los políticos, el negocio de las televisoras y el mercadeo, y las hordas de beneficiados en este aquelarre, donde lo grotesco y demagógico se cimientan en la mentira y la farsa” (Análisis y Propuesta, El Informador, 3/Jun/2006).

El largo, muy largo sufrimiento del pueblo mexicano, el largo desprecio que ha sufrido de parte de los distintos gobiernos (de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, MC, y no se diga el terrible y populista MORENA); gobiernos indiferentes ante sus necesidades básicas de salud, de la terrible delincuencia que le atormenta cada vez de maneras más atroces y sangrientasde su indiferencia ante los abusos en una sociedad que a causa de la impunidad que observa, muchos de sus miembros se suman al azote de sus conciudadanos. Ante este cuadro de horror y de desesperación, cuadro al que se ha agregado la epidemia del coronavirus, la caída terrible de la economía nacional y por si faltara algo, otro temblor. Lo menos que debe hacer el congreso y el gobierno local es entrar en cordura. No solamente reducir las campañas a un mes, también es deseable que la nómina del Congreso se reduzca cuando mucho a 200 empleados (y serían muchos), reduzcan el presupuesto del Consejo de la Judicatura a la mitad, mejor aún, que lo desaparezcan y se retorne al orden legal y a la autoridad (como era antes).

Falta señalar algo, los diputados de Morena se indignaron ante el planteamiento de reducción de tiempos de campaña. Incongruentes y falsarios en todo, si en verdad quisieran austeridad aplaudirían la propuesta y si en verdad fueran populares, con un mes es suficiente para hartar a los futuros votantes.

¡Hasta el próximo sábado si Dios nos permite!

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