Los escándalos y corrupción imperantes de la mayoría de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje no podían seguir siendo tolerados. Los reclamos de las fuentes de trabajo pidiendo justicia y un alto a tanto abuso al que han estado sometidos durante los últimos años, sobre todo de mediana tabla hacia abajo, no fueron atendidos ni escuchados. Algunos medios hicieron público lo que sucedía (en Jalisco, el diario Mural lo hizo varias veces; esta columna no se diga), luego el Presidente Peña Nieto mandó la señal pública de tener conocimiento de lo que sucedía en las Juntas, advirtiendo de desaparecerlas y pasar estos juicios al poder judicial. No hubo respuesta: las Juntas hicieron oídos sordos y los cárteles laborales (como los llamados “talibanes” en Jalisco) siguieron en lo suyo sin que nadie les estorbara. Se equivocaron rotundamente.

Casi en todo el país la ambición de los numerosos cárteles integrados por abogados, si es que se le puede llamar así a quien utiliza una cédula profesional para extorsionar o hacerse de manera ilegítima de una cantidad de dinero, tomó a manera de rehén las Juntas de Conciliación en no pocos Estados, Jalisco en primer orden.

Lo que es peor y repugnante, utilizando la Ley Federal del Trabajo para cometer un sinfín de atracos a negocios y patrones que luchan para sostenerse; que agobiados por una carga fiscal demasiado alta, y que muchas de las veces son extorsionados por la delincuencia; todavía caer en las garras de profesionistas que utilizan al trabajador como mero pretexto para enriquecerse (con la complacencia o indiferencia de las Juntas de Conciliación) es el colmo.

      En su mísera visión profesional en la que por supuesto la ética no existe, acaban o descapitalizan a las fuentes de trabajo con demandas de despidos inexistentes, a las que le suman sueldos y prestaciones infladas, obteniendo en los Laudos cantidades por decenas y cientos de miles de pesos, con la ayuda o complicidad muchas veces de la autoridad. Laudos de 200, 300, 400, 600 mil o hasta de millones, no se pueden entender sin la complicidad de las autoridades laborales. 

     Resoluciones que en derecho y justicia serían de 20 o 30 mil pesos las convierten en cientos de miles, con la ayuda de funcionarios tan corruptos como los litigantes, acabando con las fuentes de trabajo y el patrimonio familiar de ciudadanos trabajadores. Una impartición de justicia que no es justa deja de ser justicia para convertirse en injusticia.

Los llamados trabajadores “toreros” (que viven de las “corridas”) son parte  del problema; capaces de tener dos y hasta tres juicios a la vez sin que la autoridad laboral les marque el alto.

En los años setenta y ochenta, las Juntas de Conciliación funcionaban de manera aceptable. No podemos desatender la inclinación del mexicano por la corrupción, situación que convierte el tema de la justicia (en cualquiera de las ramas del derecho), en una cuestión de interés nacional y permanente. No hay de otra.

Retrocediendo en nuestra historia reciente, para ser exactos a la llegada del PAN a Jalisco en 1995, y en el año 2000 a nivel nacional: los panistas con el argumento de una honestidad que carecen de manera absoluta, además de despedir a los funcionarios que conocían el tema y procuraban que las Juntas no se salieran de control; lo cierto es que las dejaron al garete, permitiendo que esta “libertad” originada en su incapacidad de gobernar se convirtiera en libertinaje. En un mundo nauseabundo de corrupción.

Baste decir que la inmensa mayoría de abogados (mayores de 50 años) rechaza cualquier asunto laboral, calificando y condenando de manera unánime a las Juntas precisamente a causa de haber caído en la corrupción total, puesto que el derecho, la justicia y la verdad carecen de espacio. Es tal el clima imperante en las Juntas que todos en sus pasillos afirman con cinismo y sorna: que “el que dice más mentiras y las prueba es el que gana”. 

La verdad de los hechos, los argumentos de raciocinio emitidos por cualquier abogado, repito abogado, que se funden en la ley y en los hechos reales resultan  irrelevantes en este templo de la ilegalidad y la extorsión simulada. Tribunal en el que se le ha dado la espalda a la justicia y al derecho para caer en el simple legalismo que vive del error y de la interpretación torcida de la ley para sacar un provecho ilegítimo.

Por eso el Congreso a través del Senado les tiene en proceso de desaparición. Las reformas a los artículos 107 y  123 constitucionales aprobadas esta semana (13 de octubre) para acabar con las Juntas y enviar los litigios al poder judicial, no son otra cosa que el resultado de los airados reclamos recibidos a nivel nacional a través de la Presidencia de la República. Poder que a final de cuentas parece ser que en México es el que resuelve todo (aunque no debiera de ser así). Reclamos que el Senado recogió y decidió resolver con el fin de poner fin a tanto abuso.

Y se repite lo dicho en anteriores comentarios. No estamos hablando en absoluto del trabajador ultrajado o despedido por un mal patrón, por un abusivo y prepotente. No, de ninguna manera. La cuestión fundamental por la que el Poder Ejecutivo y el Legislativo tomaron cartas en el asunto, fue precisamente por las voces de auxilio emitidas desde todos los rincones del país por los empleadores contra el abuso de Laudos inflados y totalmente injustos e ilegítimos (la legalidad es el problema en este momento pues se ha estado usando la ley para delinquir), originados en demandas repletas de mentiras que las Juntas comenzaron a permitir hasta convertir al trabajador en un dictador cuya palabra lo es todo y el patrón es nadie ante la ley. Un ente sin derechos ni palabra sujeto al mayor escarnio para finalmente despojarle de su patrimonio.

Ha llegado a tal extremo el poder de las mafias de litigantes en las Juntas que el trabajador se ha convertido en mero pretexto para sus ambiciones. De hecho en una especie de animal al que el fierro del ganadero señala su propiedad ¿Cómo aceptar y entender que entre los despachos se pasan los juicios sin la firma ni consentimiento expreso del trabajador? Peor todavía, que las Juntas se los permitan, cuando se trata de un acto personalísimo. Por esa misma situación los juicios se alargan pues los abogados no permiten que los trabajadores asistan a las audiencias (para que no exista ningún arreglo). 

En buena la hora que el Senado hizo su parte. Habrá que esperar que las reformas no se hagan con carácter político sino en respuesta a los muchos y airados reclamos de la sociedad que sostiene este país de pie, pues como dice el Libro de libros: “La justicia engrandece a la nación, más el pecado es afrenta de las naciones” (Prov 14:34). Y el pecado, corrupción, o como se le quisiera llamar, apestaba ya en las Juntas que nada conciliaban, excepto la ambición de los amafiados y de no pocos funcionarios, pues de otra manera no se podría entender tanto Laudo fuera de la justicia y el derecho.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

Email: mahergo50@hotmail.com

Los seres humanos fuimos dotados divinamente con el lenguaje para poder comunicarnos entre nosotros. Somos seres gregarios, dependientes unos de otros. Cuando la humanidad pretendió rebelarse contra el Creador precisamente a través del lenguaje fue dispersado, su intentona solo produjo confusión y lenguajes diversos que impidieron la comunicación.

La palabra hablada o escrita es indispensable para el entendimiento de los pueblos, ya sea hacia adentro o hacia sus semejantes de otras culturas. En el caso de México, quizá como consecuencia del mestizaje y la integración de culturas que jamás se han comprendido ni integrado del todo, pocos son los tiempos en que hemos tenido buena comunicación de frontera a frontera y de costa a costa. Quizá los mejores años de toda nuestra historia los disfrutamos durante la época posrevolucionaria hasta la llegada del echeverriato.

Epoca en la que el doble discurso tomo carta de naturalización, en el que se arengaba con la izquierda pero se corrompía con la derecha; en la que se invitó a Salvador Allende a un auditorio repleto de gorilas de la FEG que le aplaudían a rabiar, mientras que en la calle se perseguía con saña y crueldad a la verdadera izquierda.

     A partir de entonces nuestro país ha vivido, si a esto se le puede llamar vivir, bajo una esquizofrenia política en que nada es lo que parece ser. Partidos que se dicen de izquierda (PRD, PT, Morena, MC, etc.), pero que están integrados por pillos expulsados de otros partidos y una gama de parásitos sociales (con excepción de algunos casos). Maistros que odian la educación, las aulas y a los niños.Estudiantes que no estudian, alérgicos a la preparación y a todo aquello que represente esfuerzo y ganas de contribuir a un país mejor pero que saben robar y destruir.

Los suyo es el desmadre, la marcha, la manifestación, el enfermizo apoyo a grupos minoritarios cuya visión de vida se basa en sus órganos reproductivos. Entre esta pléyade tan diversa se acomodan los fanáticos de los derechos humanos (que ignoran y menosprecian las garantías individuales que legalmente son más profundas), los obsesionados con las bicicletas y las mascotas. Sin faltar por supuesto los que les urge que legalicen la mariguana y otras drogas para fumársela en las calles y dar rienda suelta a su hedonismo. El cuadro social es enorme y todo indica que incapaz de homogeneidad. Una Babel con lenguaje confundido.

Ahora bien, dentro de este mosaico que se inicia en Tijuana y termina en Mérida (no desde la capital y hacia “provincia”; los mexicanos no somos provincia de nada, ni de nadie): los ciudadanos que trabajan y se esfuerzan para sacar adelante este país y que son mayoría, tienen por supuesto otra visión más, que aunque no es homogénea del todo, en gran medida conjuga una misma visión y un mismo criterio: ¡Quieren un México bajo el imperio de la ley y en paz!

De hecho, aún entre otras cosmovisiones existe en buena medida ese mismo deseo. Excepto, claro está, entre los anarquistas, entre los que viven a la manera de las tribus enemigas de los aztecas, en guerra eterna contra todo gobierno que no sea el suyo.

La cuestión es que para lograr metas comunes resulta obligado hablar un solo lenguaje. No se puede pedir protección de la ley sólo cuando nos afecta a familia y bienes y mostrar indiferencia o descalificación de la autoridad cuando se trata del prójimo. Nos encontramos en una auténtica encrucijada nacional. Las mafias de criminales y de pseudo organizaciones políticas han rebasado todos los límites aprovechando las voces e ingenuidad de los tontos útiles, que bajo el escudo del respeto a los derechos humanos, han convertido esta nación en una verdadera madriguera de delincuentes impunes de todo tipo y tamaño.

El presidente Calderón declaró la guerra a las mafias delincuenciales y para ello sacó al Ejército de sus cuarteles. Los resultados fueron desastrosos. La cantidad de muertos espanta al más flemático. Lo peor es que sin tener un marco jurídico adecuado, el Ejército quedó en medio del fuego de los criminales y el de una prensa que muchas veces parece al servicio de los mafiosos pues no informan lo que sucede, sino lo que ellos quieren que el televidente o el lector vea o lea.

     Como vemos, pues, el lenguaje en toda actividad resulta indispensable y el momento histórico que vivimos los mexicanos requiere de unificar visión y criterios ¿Queremos que retorne el imperio de la ley? Concedamos al estado mexicano el apoyo que requiere, basta de chismes, basta de cadenitas en las redes sociales con falsas notas y videos manipuladores, basta de apelar a las emociones. La madurez de un pueblo debe reflejarse en sus decisiones, sobre todo en los momentos de gran crisis.

El gran Winston Churchill no hubiera alcanzado el sitio de honor que posee en la historia si el pueblo inglés no le hubiese concedido su apoyo. No les prometió cosas bonitas como al pueblo mexicano ―inmaduro en buena medida― le gusta escuchar y que le prometan. El viejo gruñón del puro y rostro endurecido, solo les ofreció: «trabajo, sangre, sudor y lágrimas». A pesar de su nada halagüeña propuesta, al final obtuvieron juntos el triunfo sobre sus enemigos.

En días recientes, y luego de una cobarde emboscada en la que murieron 5 soldados y 10 más quedaron gravemente heridos en Sinaloa, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional, pidió abiertamente el apoyo de los mexicanos para combatir a los delincuentes que además de agraviar al Ejército, nos han agraviado a todos con el asesinato y heridas de los soldados. Resulta de pésimo gusto, por no decir, ingratitud, esperar del Ejército su ayuda inmediata en cuanto desastre natural padecemos, incluso salir en nuestra defensa contra los criminales, y no responder a su llamado cuando nos están hablando a todos los mexicanos. En lo personal respondo: son nuestro Ejército, son nuestra gente, y son nuestro garante de paz y legalidad ¿Qué responderán todos los mexicanos? Esperemos que la respuesta sea unánime e inmediata.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

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En México, aunque sea de manera temporal, debería desaparecer el Congreso federal y los estatales, más que nada por su enorme costo y su inútil servicio en el pacto social. Un país saturado de leyes, que no requiere de nuevas si no que se cumplan las que hay, ha dado la espalda a la legalidad para dar paso a la anarquía e impunidad. Un caos que amenaza ya con la debacle total.

Con gobiernos de utilería que solo gobiernan virtualmente a través de declaraciones en los medios (auto engañándose y engañando a los bobos): en la calle, en la vida real; la fauna delincuencial ha crecido en violencia y daños contra una sociedad inerme, aterrorizada y sin que nadie le defienda. Con un estado ornamental enormemente costoso.

Los diversos cárteles han utilizado a los tontos útiles (como les calificaban los regímenes comunistas a los bobos que trabajan sin querer para ellos), entiéndase a fanáticos de los derechos humanos, de los delincuentes normalistas, ayotzinapos, de los maistros de la CNTE y demás, para intentar derribar al régimen del presidente Peña Nieto. Situación que si bien no les ha permitido su cometido, en cambio sí ha debilitado no solo al gobierno federal, sino a todos los niveles de gobierno.

En Zacatecas, Jalisco, y varios Estados del país los secuestros están a la orden del día y ya ni siquiera se denuncian, mucho menos se contabilizan. Ante la impunidad imperante a nivel nacional, cualquier individuo ya se siente capaz de cometer cualquier delito (que antes solo se veían entre los peores criminales), de extorsionar, secuestrar, matar, robar, despojar, etcétera, etcétera. Total, nadie les va a perseguir, y si el ciudadano agraviado se atreve a denunciar, una burocracia indolente y perezosa escudada en una ley importada (nuevo sistema penal acusatorio) concederá al delincuente la impunidad total.

     El problema real y extremadamente grave, es que al darle la espalda al estado de derecho y dejar de aplicar la ley con la fuerza que solo le pertenece al estado, la estabilidad del país se encuentra en riesgo inminente de fractura.

¿Cómo admitir que una banda de delincuentes que roba autobuses que valen millones de pesos, que bloquea el tránsito de los ciudadanos en carreteras y autopistas (es decir, violando la Constitución) se atreva a quemarlos, a secuestrar policías, golpearlos y amenazar con prenderles fuego si no sueltan a sus compinches? ¿Cómo aceptar que los gobiernos municipal, estatal y federal no hagan nada para poner orden y hacer valer la ley?

Todos los mexicanos sabemos que los 43 ayotzinapos andaban delinquiendo, traían autobuses robados con valor de unos 10 millones de pesos, se encontraban a 150 kilómetros de su escuela y era casi la una de la mañana, incluso algunos andaban armados y metidos con los mafiosos de la droga. No son ningunos héroes, eran delincuentes, quizá sin historial porque eran grajos, es decir, los mandaron al matadero precisamente por novatos, pero andaban de vándalos, y para ser delincuente basta con ser primario, no se requiere de ser  reincidente.

En Jalisco la violencia crece de manera alarmante y el gobernador vive en otro mundo. El aeropuerto tomado por otros vándalos que violando flagrantemente el artículo 9º constitucional ―con el cuestionable argumento de una deuda de terrenos ejidales― no permiten que los viajeros salgan o lleguen con la libertad que la ley les concede. ¿Quién anda detrás de este mega negocio sucio?

Han dejado a tanto vándalo hacer de las suyas, que ya cualquiera se atreve a cometer las peores estupideces y delitos en perjuicio de los ciudadanos pacíficos y ajenos a sus demandas, pues saben, la historia reciente se los comprueba, que el gobierno no les va a hacer nada. Que la impunidad está asegurada.

Impunidad que narcos y golpistas abonan en calles y redes sociales para amedrentar a gobiernos (municipales, estatales y federal), para que no cumplan con la ley, es decir, con su deber. “¡Dos de octubre no se olvida!”, gritan anarquistas y darketos en el Distrito Federal (ciudad de México siempre se ha llamado así), rompiendo cristales, prendiendo fuego y destruyendo cuanta cosa encuentran a su paso, mientras que policías de adorno les miran de lejos dañar el patrimonio ajeno (lo cual es delito), obstruir el tráfico, acabar con la economía de la zona; incluso, si los policías se acercan, golpearlos, insultarlos, orinarlos y rebajar su imagen ante la sociedad.

Los chamacos de aretes, tatuajes, pelos verdes y demás, todavía no nacían cuando sucedió el 2 de octubre. Era el año 1968 y la vida se entendía desde otros parámetros abismalmente distintos, la cosmovisión de los gobiernos posrevolucionarios como de la sociedad mexicana era otra, de manera que están en incapacidad de reclamar cosas que ni vieron, ni entienden, que no las conocen a fondo porque no les gusta leer, y que quienes fueron los actores directos la mayoría ya murieron. Ya que si nos ponemos a buscar fechas trágicas no resueltas nos pasaríamos el año entero con nuestro trágico ayer.

Volviendo al terreno local, en Jalisco el clima de violencia ha crecido de manera alarmante y el gobernador de manera inentendible y fantasiosa se atreve a declarar la reciente semana que concluyó, que“los ojos del mundo están puestos en Jalisco”. Además de que su enfermizo chauvinismo le impide ver la realidad, es obvio que si los ojos del mundo se posaran en Jalisco, sería a causa de tanta violencia que nadie para. No por los negocios. Al llegar al aeropuerto se devolverían a sus países de origen.

Urge pues que el gobierno federal, estatales y municipales paren tanta violencia. El gobierno son ellos, no la prensa chismosa, la de los periodistas con egos enormes que creen que su dicho se encuentra por encima de la Constitución, las leyes e incluso de la Presidencia misma; como tampoco son las redes sociales. La ley y el espíritu derivado de las mismas son las que deben retornar a México. Vivimos en el caos a causa de tanta impunidad mientras que muchos ciudadanos se quejan sin atinar el origen de su angustia, ansiedad e impotencia, y solo el retorno al imperio de la ley nos podrá traer la tranquilidad perdida en este país hace algunos lustros.

¡Hasta el próximo sábado, si Dios nos permite!

Email: mahergo50@hotmail.com

Existe el respeto por los gobernantes, para eso les elegimos, la sociedad les concede esa responsabilidad. Lamentablemente en las últimas dos décadas la capacidad y eficacia de los gobiernos va en declive, por no decir en picada. Tal parece que los gobiernos del siglo XXI no entienden cosas fundamentales, carecen de sensibilidad y solo responden a señalamientos de los medios, colocando en puestos que requieren de los mejores y más preparados en la materia, a sus amigotes y cumplir con los compromisos de campaña. Las consecuencias están a la vista.

Y aunque los problemas en este sentido son de carácter nacional (sin distinción de partido político de origen), nos limitamos a Jalisco, en particular a una institución. El reciente ataque de una persona desquiciada contra la Procuraduría Estatal (Fiscalía siempre lo ha sido y cambiar el nombre no resuelve nada, solo produce gastos innecesarios) en la que hubo varios muertos y heridos, ha dejado al descubierto lecciones que no se quieren aprender. 

El gobierno del Estado de Jalisco se ha ido por lo más fácil, por buscar “culpables” y salir aparentemente airoso ante los medios (la opinión de los ciudadanos les importa un comino) ¿Despedir al Sub-procurador Rafael Castellanos y a otros funcionarios menores es la solución? La realidad es que nunca debió ocupar ese puesto, como muchos otros funcionarios en esa importante dependencia, pues el cargo reclama abogados penalistas con amplia experiencia en el ramo y un sentido de justicia perfectamente definido y probado ¿Por qué no llamar a abogados que han sido formados por esa misma dependencia con 20 o 30 años de servicio?, que saben el cómo, los porqués y las múltiples conductas de los delincuentes, que conocen perfectamente cómo integrar una averiguación para no ser rechazada por el juez de la causa ¿o se trata justamente de eso, de que se nieguen ordenes de aprehensión y autos de formal prisión?.

Todo indica que el criterio de los gobiernos actuales es mandar menos gente a la cárcel, más que nada por razones de carácter económico, que por cualquier otra cosa. Posición que de algunos años a la fecha ha producido un clima social de inseguridad a causa de tanta delincuencia e impunidad, como no se veía desde la época del Presidente Benito Juárez (durante la invasión francesa).

Considerar siquiera que cambiando algunos funcionarios y reforzar la seguridad de la entrada cambia las cosas, sería estúpido. En buena la hora que se cuiden los ingresos a la Procuraduría pues el riesgo de un ataque de alguna banda de la enorme fauna delincuencial siempre estará presente, pero ese no es el problema. El problema real es la IMPUNIDAD.

El cambio del sistema penal que nos costó casi dos siglos en perfeccionar ha sido una de las peores decisiones. En lugar de poner en los puestos clave a funcionarios capaces y experimentados que cuidaran y exigieran a todo el personal de la PGJE para que las cosas marcharan bien, tiraron a la basura lo que con tanto dinero, esfuerzo y muchos, pero muchos años de perfeccionamiento nos costaron a los mexicanos. Lo peor de todo es que para traer un modelo importado (yanqui, “of course”) que no funciona en absoluto y que resulta ajeno a nuestra manera de ser y pensar de los mexicanos.

Un modelo que según se comenta fracasó en Chile aun cuando por varios años se intentó aplicarlo ¿En qué cabeza cabe que el mexicano va a decir la verdad, que todos son inocentes y nadie es culpable de nada? Semejante barbaridad lo único que ha comenzado a abonar es la impunidad que ya campeaba a lo largo y ancho del país, pero que con el “nuevo sistema penal acusatorio” está creciendo de manera monstruosa.

Parece mentira que en un edificio tan pequeño como el de la Procuraduría en la Calzada Independencia, saturado siempre de trabajo, hubiera una eficacia tan palpable. En cambio en las amplias instalaciones actuales (Calle 14) nadie sabe nada, todo es improvisado, todos tienen miedo de opinar, de actuar, de hacer justicia (motivo por el cual existen todos en ese edificio, pero que lo ignoran), convirtiendo en elefante blanco una Institución tan necesaria como socialmente importante.

El individuo que asesinó e hirió a varias empleadas y una funcionaria de la Procuraduría además de estar enfermo, dejó por supuesto otro mensaje. A pesar de su enfermedad mental, padeció en carne propia la impunidad imperante en esa institución que debiera ser garante de estabilidad y justicia para el pueblo, que si bien es muy probable que su querella contra el dentista no fuera viable, a final de cuentas refleja la impotencia ciudadana contra una institución que debiera de atender sus justos reclamos.

Una cosa es que muchas personas vayan con simples chismes y asuntos que deben ventilarse en la barandilla municipal (no en la PGJE); y otra muy distinta que se niegue a casi todo mundo la justicia pronta y expedita que marca la Constitución.

El nuevo sistema penal carece de eficacia en una sociedad como la nuestra, impuesta e incluso enseñada a mentir desde el hogar: ¡Diles que no estoy! ¡Diles que ando fuera!, son algunas de las mentiras que aprende el niño mexicano en su hogar. Pocas son las familias donde se aprende el valor de la verdad y de sostenerla siempre.

Fraudes, robos, asaltos, saqueos, extorsiones (delitos multiplicados a causa de las nuevas tecnologías), abusos violentos contra ciudadanos, etcétera, hasta llegar a los homicidios que tienen aterrorizada a la sociedad: definen el clima de inseguridad imperante en Jalisco. Pero el gobierno del Estado no lo quiere ver, pretende vivir con invidencia, corriendo a funcionarios que con ellos y sin ellos la PGJE continuaría igual pues lo que se requiere es de un sistema que funcione y bien. El modelo de justicia importado no sirve. Dejar que el querellante lleve la averiguación, es como si el médico en el quirófano pidiera que el paciente se opere solo y él nomás cerrara la herida. ¡Urge hacer justicia a un pueblo dolido y harto de tanta delincuencia, con cuello blanco y sin cuello, organizada y sin organizar! No se olvide que el monopolio de la fuerza y la justicia le pertenecen al estado.

Urge pues meter a la cárcel a tanto violador de la ley penal, la sociedad no puede admitir que lo que en el Código Penal es delito, conforme al nuevo sistema penal no lo sea y el ciudadano agraviado se tope con la impunidad total (y una terrible frustración con un gobierno ornamental). El pueblo espera que se ponga freno a tanta impunidad ¿o usted que considera estimado lector? Agradezco a los quienes se han sumado a esta columna, ya son más de 3,000 por semana (sus cartas y comentarios son bien recibidos).

Correos recibidos: Ing. Fernando Guzmán, Rodolfo Aceves y Myriam Levy.

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